Ya tenemos aquí la Cumbre del Clima, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), a la que está previsto que asistan delegaciones de 196 países. Supongo que entre ellos estará Vanuatu, una minúscula isla del Pacífico Sur que, de ser catalogado como el país más feliz del mundo, ha pasado a ser el kilómetro 0 de un cambio climático que está destrozando la isla y tornando la felicidad de sus poco más de 250.000 habitantes en pesadilla. El mar sube cada año 11 centímetros en las islas del Pacífico Sur, donde los ciclones han aumentado un 20% y la temperatura media crece un grado cada año. La alerta está más que justificada.
“Sólo un puñado de fanáticos niega ya la evidencia”, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la inauguración del COP25. Cierto. Pero los “fanáticos” habitan también en el extremo opuesto del negacionismo.
La conciencia medioambiental ha evolucionado a pasos agigantados en las últimas décadas, en los últimos años. Y aunque con retraso, los ordenamientos jurídicos han ido incorporando abundante legislación en materia medioambiental. Las leyes están para ser cumplidas y en un Estado garantista como es España, cualquier obra o proyecto que comprometa lo más mínimo la integridad de los espacios y recursos naturales se somete a una completa y exhaustiva tramitación administrativa.
Las organizaciones ecologistas han sido, sin duda, elementos pioneros y catalizadores de ese cambio de mentalidad hacia la defensa del medioambiente que ha conseguido avances, materializados en leyes, impensables no hace tanto tiempo. Pero la urgencia en la necesaria adopción de medidas que frenen o incluso reviertan el actual proceso de cambio climático y de deterioro del medioambiente, no debe ser excusa para la denuncia indiscriminada y carente del necesario rigor, de cualquier actuación sometida al escrutinio medioambiental.
Hace unos días, la organización SEO/Birdlife lamentaba la “incoherencia” de celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en nuestro país “y en paralelo destruir por completo un humedal, hábitat reconocido desde todos los estamentos científicos como una herramienta fundamental para la mitigación y adaptación al cambio climático”, en referencia a los trabajos de sellado de una parcela de tierra parcialmente inundable en Raos Sur que lleva a cabo la Autoridad Portuaria de Santander para ampliar las campas de estacionamiento de vehículos por las necesidades de suelo que tiene el puerto cántabro, dado el compromiso de la Autoridad Portuaria de no proceder a relleno más alguno de la lámina de agua de la Bahía, por convicción ecológica y razones medioambientales.
Resulta que lo que para SEO/Birdlife es una “marisma”, uno de los “humedales más importantes del norte peninsular que favorece la existencia de una diversidad ornitológica excepcional”, para la Autoridad Portuaria de Santander es tan sólo una “charca”, “una parcela de tierra parcialmente inundable” que, eso sí, cuenta con una completa tramitación administrativa conforme a ley y que se corresponde con suelo “calificado medioambientalmente como no protegido”, en una zona “no afectada” ni por la normativa de Evaluación Ambiental ni por la Red Natura 2000. Está claro que hay que meterse en charcos si se quieren alcanzar objetivos respetables y deseables. Pero no necesariamente en todos y menos aún cuando los charcos no son tales, sino charcas.
