La decisión del nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento de Madrid de cargarse de un plumazo el proyecto Madrid Central ha derivado no solo en el evidente malestar de buena parte de la ciudadanía y en la decisión de la justicia española de invalidar la decisión del nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, de no imponer multas en esa zona.
Sino que el revuelo causado por el anuncio realizado desde la alcaldía ha provocado también que la Comisión Europea decida dejar de hacer la vista gorda con España respecto a la contaminación ambiental.
El pasado jueves, Bruselas daba a conocer que remitía a España contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la directiva de calidad del aire, algo que sucede con frecuencia en las dos principales ciudades del país, Madrid y Barcelona. Ambas urbes y sus correspondientes áreas metropolitanas rebasan los límites legales de dióxido de nitrógeno (NO2) jurídicamente vinculantes desde 2010, un contaminante vinculado al tráfico rodado y a la quema de los combustibles fósiles, día sí y día también.
El inicio de este trámite sancionador puede acabar –seguramente en unos años– en una multa no precisamente pequeña para el país. Pero no es esto lo más preocupante. Lo peor de todo es que tenemos más contaminación de la deseable, con las consecuencias que ello tiene para la salud de las personas, y que el sector logístico y del transporte suele ser el que paga los platos rotos en cuanto se habla de emisiones contaminantes.
Flaco favor está haciendo el ayuntamiento de Madrid tanto al medioambiente como a la logística con esta polémica. Y, precisamente, en un momento en el que las empresas e instituciones del sector se muestran más concienciadas que nunca sobre la necesidad de rebajar al mínimo su huella de carbono y las emisiones contaminantes derivadas de su actividad.
La logística y el transporte están siempre en el ojo del huracán. En Barcelona lo sabemos bien. En cuanto se habla de contaminación salen invariablemente a relucir el puerto y los cruceros. Y ello pese a que las emisiones del recinto portuario son mínimas respecto a la contaminación global que hay en la ciudad –por debajo del 10%, según cálculos de la autoridad portuaria catalana–.
De hecho, la semana pasada, cuando ni siquiera si había confirmado el inicio del trámite sancionador por parte de la Comisión Europea, desde el ayuntamiento de Barcelona se apresuraban a reclamar al Gobierno español que abordara la contaminación que generan infraestructuras de su competencia, como el Aeropuerto de El Prat y el puerto de la ciudad.
No sé si habrán teniendo tiempo de ojear el informe especial sobre logística verde que publicamos la semana pasada, un trabajo en el que mi compañero Jaime Pinedo ha hecho un interesante recuento de distintos proyectos que se están llevando a cabo en el ámbito logístico para ser un sector cada vez más sostenible y respetuoso con el medioambiente. Este informe nos da una idea, pequeña pero consistente, de lo que están haciendo los logísticos para ser más verdes. Y ello a pesar de nuestras incongruencias como personas humanas: cargamos las tintas contra el transporte cuando –ya lo he dicho aquí más de una vez– exigimos cada vez más que nos lleguen directamente a casa y lo más rápidamente posible los artículos más inverosímiles desde puntos del planeta cada vez más insospechados. ¡Señores, nuestros caprichos contaminan!
